Glosario A-E



 

Acuerdo Europeo

Es un tipo específico de Acuerdo de asociación celebrado entre la UE y los países de Europa central y oriental. Su objetivo es preparar la futura adhesión a la Unión Europea del Estado asociado, y se basa en el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos, del estado de derecho y de la economía de mercado. Hasta el año 2000 se han firmado Acuerdos Europeos con Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia.

Con respecto a Chipre se ha adoptado una estrategia de preadhesión diferente.

Acuerdo Social  

El Acuerdo Social es un documento anexo al Tratado de la Unión Europea. Firmado por catorce Estados miembros (el Reino Unido optó por no participar en el mismo), precisa los objetivos de la política social en el camino trazado por la Carta Social de 1989: fomento del empleo, mejora de las condiciones de vida y de trabajo, lucha contra las exclusiones, desarrollo de los recursos humanos, etc. Prevé, por otra parte, el procedimiento de aprobación de las medidas en materia social. Por último, confirma el reconocimiento del papel fundamental de los interlocutores sociales en el marco del diálogo social.

Tras la llegada al poder de un nuevo gobierno en mayo de 1997, el Reino Unido anunció su intención de renunciar a su cláusula de exención en materia social. El Tratado de Amsterdam integra pues el acuerdo social, cuyas disposiciones han sido reforzadas, en el capítulo social del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Se ha creado un nuevo fundamento jurídico para la igualdad de oportunidades y tratamiento del hombre y la mujer en el trabajo, y se menciona la lucha contra la exclusión social. Por último, se han enriquecido los objetivos de la política social mediante una referencia explícita a los derechos fundamentales.

Adhesión de un nuevo Estado a la Unión

La adhesión de un nuevo Estado miembro a la Unión europea está prevista en el Tratado de la Unión Europea. Para iniciar las negociaciones, el Consejo se pronuncia por unanimidad, previa consulta a la Comisión y dictamen favorable del Parlamento Europeo. Las condiciones de admisión, los posibles períodos transitorios y las adaptaciones requeridas por los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea son objeto de un acuerdo entre el país candidato y los Estados miembros. Para entrar en vigor, dicho acuerdo requiere la ratificación de todos los Estados contratantes con arreglo a su respectivo ordenamiento constitucional.

Agenda 2000

La Agenda 2000 es un programa de acción que fue aprobado por la Comisión Europea el 15 de julio de 1997. En ese documento  se abordan todas las cuestiones que se le plantearán a la Unión Europea a principios del siglo XXI, se adjuntan los dictámenes de la Comisión sobre las candidaturas de adhesión.

La Agenda 2000 se divide en tres capítulos:

  • En el primero se aborda la cuestión del funcionamiento interno de la Unión Europea, a saber, la reforma de la política agrícola común y del sistema de cohesión económica y social (Fondos estructurales y de cohesión).  

  • En el segundo se propone intensificar la estrategia de preadhesión integrando en ella dos nuevos aspectos: la asociación para la adhesión y la amplia participación de los países candidatos en los programas comunitarios.

  • El tercer capítulo constituye un estudio del impacto de la ampliación en las políticas de la Unión Europea.

En 1998 la Comisión Europea concretó esas prioridades en una veintena de propuestas legislativas. Dichas medidas, que cubren el período 2000-2006, abarcan cuatro ámbitos estrechamente vinculados:

  • la reforma de la política agrícola común.

  • la reforma de la política estructural.

  • los instrumentos de preadhesión.

  • el marco financiero.

Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) 

Tras el debate sobre la conveniencia de nombrar a un cargo que personificara la Política Exterior y de Seguridad Común, lo que los periodistas vinieron en llamar, "el Sr. o la Sra. PESC", el Tratado de Amsterdam ha instituido la función de Alto Representante. El ejercicio de esta función corresponde al Secretario General del Consejo con el fin de prestar asistencia a la Presidencia, que representa a la Unión en las materias correspondientes a la Política Exterior y de Seguridad Común.

El Alto Representante contribuye también a la formulación, elaboración y aplicación de las decisiones políticas del Consejo. Actuando en nombre del Consejo y a petición de la Presidencia, puede dirigir el diálogo con terceros.

El cargo ha recaído en el español Javier Solana, antiguo Secretario General de la OTAN.

Ampliación

En su origen, el concepto de ampliación designó las cuatro olas sucesivas de nuevas adhesiones que conoció la Comunidad Europea y por las cuales nueve países hasta ahora se añadieron a los seis países fundadores que son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Estas ampliaciones sucesivas fueron las siguientes:

  • 1973: Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido;

  • 1981: Grecia;

  • 1986: España y Portugal;

  • 1995: Austria, Finlandia y Suecia.

Ante el gran número de países candidatos a la adhesión (13, de los cuales 12 ya han abierto negociaciones de adhesión con la Unión Europea), el concepto de ampliación reviste hoy un sentido totalmente particular que se deriva de la convicción que el sistema establecido en el Tratado de Roma ya no podrá funcionar eficazmente en una Unión de 25 a 30 miembros.

Cualquier ampliación realizada en el marco del sistema actual podría impedir el buen funcionamiento de las instituciones, así como el desarrollo de las políticas comunitarias. Con el fin de evitar que el proceso de ampliación frene la profundización de la integración europea, la adhesión debería acompañarse de una reforma de las instituciones y de algunas políticas de la Unión.

Se ha decidido empezar los trabajos de una nueva conferencia intergubernamental a partir del 15 de febrero de 2000, con el fin de introducir en los Tratados las modificaciones institucionales necesarias para evitar que una Europa ampliada se debilite.

La Agenda 2000 ha venido a reorientar las políticas agrarias y estructurales, las ayudas a los países que Europa central y oriental que han solicitado la adhesión, y las perspectivas financieras de la Unión, de modo que tengan en cuenta el reto de la ampliación.

Banco Central Europeo (BCE)

El Banco Central Europeo (BCE) se inauguró el 30 de junio de 1998. A partir del 1 de enero de 1999 tendrá por cometido la aplicación de la política monetaria europea . El BCE sucede al Instituto Monetario Europeo (IME).

Carta de los derechos fundamentales

A raíz del 502 aniversario de la Declaración universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1998, el Consejo Europeo de Colonia del 3 y 4 de junio de 1999 decidió iniciar la redacción de una Carta de los derechos fundamentales para el final del año 2000. Se juzgó útil reunir los derechos fundamentales en vigor en la Unión en un único texto para darles una mayor relevancia. Esta carta se basará en los Tratados comunitarios, los convenios internacionales incluidos el Convenio europeo de Derechos humanos de 1950 y la Carta Social europea de 1989, las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros así como las distintas declaraciones del Parlamento Europeo.

La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue proclamada durante la cumbre de Niza.

Carta Social

La Carta comunitaria de los derechos sociales, conocida como Carta Social, fue aprobada en 1989, en forma de una declaración, por parte de todos los Estados miembros con excepción del Reino Unido. Se considera un instrumento político que contiene "obligaciones morales" destinadas a garantizar el respeto de determinados derechos sociales en los Estados miembros. Estos derechos se refieren sobre todo al mercado laboral, a la formación profesional, la igualdad de oportunidades y el entorno laboral. La Carta Social ha ido seguida de programas de acción.

Ciudadanía de la Unión

La ciudadanía de la Unión está supeditada a la nacionalidad de uno de los Estados miembros. Así, se considera que todo el que tiene la nacionalidad de un Estado miembro es ciudadano de la Unión. Además de los derechos y deberes previstos en el Tratado constitutivo de la Comunidad, la ciudadanía de la Unión reconoce cuatro derechos específicos:

  • La libertad de circulación y de residencia en todo el territorio de la Unión;

  • El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y del Parlamento Europeo en el Estado de residencia;

  • La protección diplomática y consular por parte de las autoridades de todo Estado miembro cuando el Estado cuya nacionalidad tiene la persona necesitada de tal protección no está representado en un Estado tercero;

  • El derecho de petición y de recurso al Defensor del Pueblo europeo.

Es importante tener en cuenta que la instauración del concepto de ciudadanía de la Unión no sustituye, sino que se añade a las ciudadanías nacionales. Esta complementariedad es portadora de potencialidades puesto que profundiza en el sentimiento de pertenencia del ciudadano a la Unión y lo vuelve más tangible.

Cohesión económica y social

Los orígenes de la cohesión económica y social se remontan al Tratado de Roma, cuyo preámbulo hace referencia a la reducción de las diferencias de desarrollo entre las regiones. Sin embargo, no fue sino a partir de los años 70 cuando se llevaron a cabo algunas medidas comunitarias con el fin de coordinar y completar financieramente los instrumentos nacionales en la materia.  

En 1986 el Acta Única Europea sancionó, además del mercado único, el objetivo de la cohesión económica y social.  

Finalmente el Tratado de Maastricht incorporó esa política al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. La cohesión económica y social expresa la solidaridad entre los Estados miembros y las regiones de la Unión Europea y favorece el desarrollo equilibrado y duradero, la reducción de las divergencias estructurales entre regiones y países y la promoción de una real igualdad de oportunidades entre las personas. La cohesión económica y social se concreta a través de varios instrumentos financieros y, concretamente, de los Fondos Estructurales.

El porvenir de la cohesión económica y social ha sido uno de los grandes retos debatidos en la Agenda 2000 presentada por la Comisión el 15 de julio de 1997, especialmente en razón de sus implicaciones presupuestarias. Efectivamente, entre 1994 y 1999 la política de cohesión económica y social ha ocupado el segundo puesto en el Presupuesto de la Comunidad, aproximadamente el 35%).  

Comisión Europea

La Comisión Europea es una institución que tiene poderes de iniciativa, ejecución, gestión y control. Es la guardiana de los Tratados y personifica el interés comunitario. Está formada por un órgano colegiado de 20 miembros independientes (2 miembros para Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido y 1 miembro para cada uno de los otros países), entre los cuales un Presidente y dos Vicepresidentes. Se nombra por 5 años, de común acuerdo por los Estados miembros, y se somete a un voto de investidura del Parlamento Europeo, ante el que es responsable. El órgano colegiado de los Comisarios es asistido por una administración compuesta de Direcciones Generales y servicios especializados cuyo personal se distribuye principalmente entre Bruselas y Luxemburgo.

Comité de las Regiones

Creado por el Tratado de Maastricht, el Comité de las Regiones está formado por 222 representantes de las colectividades locales y regionales que el Consejo nombra por unanimidad por un período de cuatro años, a propuesta de los Estados miembros. Recibe consultas del Consejo o la Comisión relacionadas con los sectores que afectan a los intereses locales y regionales, en particular educación, juventud, cultura, salud pública, la cohesión económica y social, etc.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el Comité de las Regiones debe ser objeto de consulta en un mayor número de campos: el medio ambiente, el Fondo Social, la formación profesional, la cooperación transfronteriza y los transportes.

Puede asimismo emitir dictámenes por propia iniciativa y ser objeto de consulta por el Parlamento Europeo.

 

Comité Económico y Social

El Comité Económico y Social fue creado por el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea en 1957 con el fin de representar los intereses de los distintos grupos económicos y sociales. Incluye 222 miembros distribuidos en tres grupos: los patronos, los trabajadores y los representantes de actividades específicas (agricultores, artesanos, PYME e industrias, profesiones liberales, representantes de los consumidores, de la comunidad científica y pedagógica, de la economía social, familias, movimientos ecológicos). El Consejo decidiendo por unanimidad nombra a los miembros por cuatro años renovables.

El Comité es consultado antes de la adopción de un gran número de actos relativos a mercado interior, educación, protección de los consumidores, medio ambiente, desarrollo regional y ámbito social, y puede también emitir dictámenes de su propia iniciativa. Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el Comité Económico y Social debe ser consultado de manera obligatoria sobre un mayor número de temas ( la nueva política de empleo, las nuevas disposiciones en materia social, la Salud Pública y la igualdad de oportunidades) y puede ser consultado por el Parlamento Europeo.

 

Compromiso de Luxemburgo

El compromiso de Luxemburgo (enero de 1966) puso fin a la crisis llamada "de la silla vacía" durante la cual Francia no participaba ya en el Consejo desde julio de 1965. Este compromiso fue una constatación del desacuerdo existente entre, por una parte, quienes deseaban, cuando un interés nacional muy importante estaba en causa, que los miembros del Consejo se esforzaran en llegar a soluciones que pudiesen ser adoptadas en un plazo razonable por todos en cumplimiento de sus intereses mutuos y, por otra parte, Francia que era favorable a la continuación de los debates hasta que se llegara a un acuerdo unánime. Posteriormente, otros Estados miembros se sumarían al punto de vista francés.

 

Conferencia Intergubernamental (CIG)

El concepto de Conferencia Intergubernamental (CIG) designa una negociación entre los Gobiernos de los Estados miembros fuera del marco y de los procedimientos institucionales de la Unión, cuyos resultados permitan modificar los Tratados. Tiene una importancia principal en la integración europea donde los cambios en la estructura institucional y jurídica - o más simplemente en el contenido de los Tratados - siempre fueron fruto de conferencias intergubernamentales (ej.: Acta Única Europea y Tratado de la Unión Europea).

En la historia de la Comunidad Europea, hay varias conferencias intergubernamentales, la última, convocada el 29 de marzo de 1996 y acabada en el Consejo Europeo de Amsterdam (16-17 de junio de 1997), permitió adoptar un proyecto de Tratado que entró en vigor en todos los Estados miembros el 1 de mayo de 1999.

En la medida en que el Tratado de Amsterdam no introdujo todas las reformas institucionales necesarias para garantizar la eficacia de los trabajos de las Instituciones tras la ampliación, el Consejo Europeo decidió en la cumbre de Colonia de junio de 1999 convocar una séptima CIG para el año 2000.  

El 15 de febrero de 2000 se convocó la nueva CIG previa consulta formal a la Comisión (dictamen de 26 de enero de 2000) y al Parlamento Europeo (Resolución del 3 de febrero de 2000).

La organización práctica de las reuniones de la CIG está garantizada por la Secretaría General del Consejo.

Consejo de la Unión Europea

El Consejo de la Unión (Consejo de ministros o Consejo) es la principal institución decisoria de la Unión Europea. Reúne a los ministros de los quince Estados miembros competentes en la materia que figure en el orden del día: asuntos exteriores, agricultura, industria, transportes, etc.  

Cada país de la Unión ejerce la Presidencia, por rotación, por un período de tiempo de 6 meses.  Las decisiones del Consejo correspondientes al primer pilar (ciudadanía de la Unión, políticas de la Comunidad, Unión económica y monetaria...)se toman a partir de propuestas de la Comisión.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam el Secretario General desempeña la función de Alto Representante para la política exterior y de seguridad común. Cuenta con la asistencia de un secretario general adjunto, nombrado por unanimidad por el Consejo y encargado de la gestión de la Secretaría General del Consejo. El actual Secretario General es el español Javier Solana.

Consejo Europeo

Se llama Consejo Europeo a las reuniones regulares de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea. Fue instituido por el comunicado final de la cumbre de París de diciembre de 1974. El Acta Única Europea consagró jurídicamente su existencia y recibió un estatuto oficial en el Tratado de la Unión Europea. Se reúne al menos dos veces al año e incluye, como miembro de derecho, al Presidente de la Comisión Europea. Su objetivo consiste en dar a la Unión Europea los impulsos necesarios para su desarrollo y en definir las orientaciones políticas generales.

Convención Europea

Conforme al texto de la «Declaración de Laeken» que le dio carta de naturaleza, esta Convención debe examinar cuatro cuestiones clave en relación con el futuro de la Unión: el reparto de las competencias, la simplificación de los Tratados, la función de los parlamentos nacionales y el estatuto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El calendario de los trabajos establece tres fases: una fase de escucha; una fase de reflexión y una fase de formulación de propuestas. Al término de esta tercera fase, se establecerá un proyecto constitucional único, que podrá comprender o bien diferentes opciones en las que se precise el apoyo recibido, o bien recomendaciones en caso de consenso. Este documento servirá de punto de partida para las negociaciones de la CIG que llevarán a cabo los Jefes de Estado o de Gobierno, a quienes compete, en última instancia, cualquier decisión relativa a la reforma de los Tratados. Se prevé que este proyecto constitucional se presente a más tardar al Consejo Europeo de Salónica, en junio de 2003.

La convocatoria de esta Convención constituye un elemento innovador, en la medida en que a las CIG anteriores nunca les había sido precedido una fase de debate abierto con todas las partes interesadas. En efecto, además de los miembros de la Convención, las organizaciones de la sociedad civil tienen la oportunidad de contribuir al debate gracias a un foro interactivo, el Foro sobre el futuro de la Unión.

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)

El Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 bajo los auspicios del Consejo de Europa, fundó un sistema original de protección internacional de los Derechos Humanos por el que se controlaba judicialmente el respeto de los derechos individuales. El convenio, ratificado por todos los Estados miembros de la Unión, instauró distintos organismos de control situados en Estrasburgo:

  • La Comisión, encargada de estudiar de antemano las peticiones presentadas por los Estados o, eventualmente, las personas.

  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que, en caso de solución judicial, pueden recurrir la Comisión o los Estados miembros previo informe de la Comisión.

  • El Comité de Ministros del Consejo de Europa, que desempeña la función de guardián del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y cuya intervención se reclama en caso de solución política del desacuerdo cuando la causa en cuestión no haya sido remitida al Tribunal.

Cooperación policial y judicial en materia penal

El título VI del Tratado de la Unión Europea (o "tercer pilar") se ha visto completamente transformado por el Tratado de Amsterdam y la constitución de un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. Denominado anteriormente "Justicia y Asuntos de Interior", se circunscribe actualmente a la "cooperación policial y judicial en materia penal" y tiene la finalidad de prevenir y luchar contra los siguientes fenómenos:

  • Racismo y xenofobia

  • Terrorismo

  • Trata de seres humanos y delitos contra la infancia

  • Tráfico de drogas

  • Tráfico de armas

  • Corrupción y fraude

Está prevista una cooperación más estrecha entre las fuerzas policiales, las autoridades aduaneras y judiciales, directamente o a través de la Oficina Europea de Policía (Europol), así como la aproximación necesaria de la normativa penal de los Estados miembros.

Cooperación reforzada

Con anterioridad al tratado de Amsterdam, ya se habían desarrollado diversos instrumentos como los Acuerdos de Schengen o la Carta Social, que habían permitido una cooperación más estrecha a los países que deseaban ir más allá en la integración prevista en los tratados.

Con el Tratado de Amsterdam se introduce oficialmente el concepto de "cooperación reforzada" para permitir a un número limitado de países miembros que continúen en la profundización de la construcción europea, respetando el marco institucional común. Esta cooperación reforzada está sujeta a diversas limitaciones (debe afectar a un ámbito que no sea de competencia exclusiva de la Comunidad, afectará a una mayoría de los Estados, debe utilizarse como único recurso...) y para ser acordada necesita de un acuerdo por unanimidad del Consejo de la UE.

La tendencia es la de facilitar estas cooperaciones y levantar o mitigar estas limitaciones. El peligro que subyace bajo esta cooperación reforzada es que pueda dar lugar a una "Europa de primera" que agrupara a los países miembros más ricos, y a una "Europa de segunda".

"Crisis de la silla vacía"

Grave crisis producida en 1966, año en que se había acordado cambiar el método de voto en el seno del Consejo (se planteaba pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada en determinados ámbitos). Esta cambio hubiera disminuido el poder de los gobiernos de los estados miembros en beneficio de un mayor sentido de supranacionaliad de la CEE. Tras oponerse a un conjunto de propuestas de la Comisión, presidida por el alemán Walter Hallstein, entre ellas la financiación de la Política Agrícola Común (PAC), Francia dejó de participar en las principales reuniones de la Comunidada ("crisis de la silla vacía"). Para volver a su puesto Francia exigió una completa revisión de las funciones de la Comisión y las modalidades de votación mayoritaria. Tras muchas negociaciones, finalmente el 30 de enero de 1966 se llegó al denominado Compromiso de Luxemburgo, según el cual, cuando intereses muy importantes de un país estuvieran en juego, los miembros del Consejo se esforzarían por buscar soluciones que pudieran ser adoptadas por todos los países en el respeto de sus intereses respectivos. En la práctica, al tener que adoptarse las decisiones por unanimidad cuando un estado lo solicitase, se estableció un verdadero derecho de veto para los gobiernos en el Consejo. 

Criterios de adhesión (criterios de Copenhague)

En junio de 1993 el Consejo Europeo de Copenhague reconoció a los países de Europa Central y Oriental el derecho a adherirse a la Unión Europea cuando cumplieran los tres criterios siguientes:

  • políticos: instituciones estables garantes de la democracia, primacía del Derecho, Derechos Humanos, respeto de las minorías.

  • económicos: economía de mercado viable.

  • comunitarios: integración del acervo comunitario (conjunto de tratados, legislación, declaraciones, resoluciones... de la UE a lo largo de su historia) y adhesión a los objetivos políticos, económicos y monetarios de la Unión Europea.

La Unión se reserva, no obstante, el derecho a decidir el momento en que estará dispuesta a aceptar nuevos miembros.

Criterios de convergencia (Criterios de Maastricht)

Con el fin de garantizar la convergencia duradera necesaria para la realización de la Unión Económica y Monetaria (UEM), el Tratado fijó cinco criterios de convergencia que deben ser respetados por cada Estado miembro para estar en condiciones de participar en la tercera fase de la UEM. El examen del respeto de estos criterios de convergencia se hace sobre la base de informes de la Comisión y del Banco Central Europeo (BCE). Estos criterios son los siguientes:

  • La relación entre el déficit público y el producto interior bruto no debe sobrepasar un 3%;

  • La relación entre la deuda pública y el producto interior bruto no debe sobrepasar un 60%;

  • Un grado de estabilidad duradera de los precios, y una tasa de inflación media (observados durante un período de un año antes del examen) que no deben sobrepasar en más de un 1,5% los de los tres Estados miembros que presenten los mejores resultados en materia de estabilidad de precios;

  • Un tipo medio de interés nominal a largo plazo que no debe superar en más de un 2% el de los tres Estados miembros que presenten los mejores resultados en materia de estabilidad de precios;

  • Los márgenes normales de fluctuación previstos por el mecanismo de los tipos de cambio del Sistema Monetario Europeo deben respetarse, sin conocer graves tensiones, durante al menos los dos últimos años que preceden el examen.

Declaración de Laeken

El Consejo Europeo, reunido en Laeken, adoptó el 15 de diciembre de 2001 una «Declaración sobre el Futuro de la Unión Europea» o «Declaración de Laeken», por la que la Unión se compromete a ser más democrática, transparente y eficaz.

En esta Declaración se plantean diversas preguntas sobre el futuro de la Unión, organizadas en torno a cuatro temas: el reparto y la definición de las competencias, la simplificación de los Tratados, la arquitectura institucional y el camino hacia una Constitución para los ciudadanos europeos.

Para contestar estas preguntas se convocó una Convención que debía examinar las cuestiones esenciales que plantea el desarrollo de la Unión en el futuro a fin de garantizar una preparación lo más amplia y transparente posible de la próxima CIG.
 

Defensor del Pueblo europeo

El Parlamento Europeo nombra al Defensor del Pueblo Europeo después de cada elección y para toda la duración de la legislatura. Está habilitado para recibir de los ciudadanos de la Unión, o de las personas físicas o jurídicas que residan en los Estados miembros, toda queja relativa al mal funcionamiento de las instituciones o de los organismos comunitarios (con excepción del Tribunal de Justicia o del Tribunal de Primera Instancia).

Cuando observa un caso de mal funcionamiento, se dirige a la administración afectada, realiza una investigación, busca una solución con miras a eliminar el problema y presenta, en su caso, proyectos de recomendación a los cuales la institución está obligada a responder con un dictamen detallado en el plazo de tres meses.

Presenta un informe al final de cada periodo anual de sesiones del Parlamento Europeo.

Derecho de petición

Por derecho de petición se entiende el derecho de todo ciudadano de la Unión Europea y de toda persona física o moral residente o con su sede estatutaria en un Estado miembro de presentar ante el Parlamento una queja o demanda sobre un asunto de la competencia de la Comunidad que le afecte directamente.  

La Comisión parlamentaria de peticiones estudia la admisibilidad de la demanda y, si lo juzga necesario, puede someter la cuestión al Defensor del Pueblo. Para emitir un dictamen sobre una petición admisible, dicha Comisión puede solicitar a la Comisión Europea que le remita los documentos o la información necesarios.

El Tratado de Amsterdam ha ampliado en este sentido los derechos de los ciudadanos. Un nuevo párrafo precisa que todo ciudadano de la Unión puede escribir a cualquier Institución europea, al Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social o al Defensor del Pueblo europeo, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión, incluido en gaélico, y recibir una respuesta en la misma lengua.

Derecho de protección diplomática y consular

Cualquier ciudadano de la Unión, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado del que sea nacional, tiene derecho a acogerse a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier otro Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

Este derecho fue establecido en el Tratado de Maastricht y constituye uno de los derechos inherentes a la ciudadanía europea.

Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo

Tienen derecho a votar y a ser elegidos en las elecciones al Parlamento Europeo todos los ciudadanos de la Unión Europea con 18 años cumplidos que, siendo ciudadanos de un estado miembro, residan en otro estado de la Unión. Esta prohibido el doble voto y la doble candidatura.

Este derecho fue establecido en el Tratado de Maastricht y constituye uno de los derechos inherentes a la ciudadanía europea.

Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales

Tienen derecho a votar y a ser elegidos en las elecciones municipales de la localidad donde estén empadronados todos los ciudadanos de la Unión Europea con 18 años cumplidos que, siendo ciudadanos de un estado miembro, residan en otro estado de la Unión. Es elegible toda persona que cumpla con las condiciones requeridas para el ejercicio del derecho de sufragio activo y no haya sido desposeído del derecho de sufragio pasivo en su país de origen.

Este derecho fue establecido en el Tratado de Maastricht y constituye uno de los derechos inherentes a la ciudadanía europea.

Derechos humanos

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha reconocido en su jurisprudencia los principios establecidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa. El  Acta Única de 1986 confirmó el respeto de los derechos humanos, lo que fue luego incorporado al Tratado de la Unión Europea, basado en el Convenio anteriormente citado y en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros.

El Tratado de Amsterdam ha reforzado la garantía del respeto de los derechos fundamentales. El nuevo Tratado dispone en particular que el Tribunal de Justicia es competente para garantizar el respeto de los derechos fundamentales en lo que se refiere a la acción de las instituciones europeas. En paralelo, las medidas que deben tomarse en caso de que un Estado miembro viole de manera grave y persistente los principios sobre los que se basa la Unión quedan definidas con la introducción de una cláusula de suspensión.

Educación, formación profesional y juventud

La actuación comunitaria en materia de educación y formación profesional se remonta a 1976. Sin embargo, fue el Tratado de Maastricht el que estableció un fundamento jurídico específico a través de los artículos 149 y 150 (ex artículos 126 y 127) del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Esas disposiciones no han sufrido grandes modificaciones con la aprobación del Tratado de Amsterdam.

Desde 1995 existen tres principales programas en materia de educación y formación profesional:

  • Sócrates, que fomenta la movilidad de los estudiantes y la cooperación entre establecimientos de enseñanza de nivel universitario (programa Erasmus) y escolar (programa Comenius) y el aprendizaje de lenguas extranjeras (programa Lingua), así como el desarrollo de redes de reconocimiento mutuo de títulos (red Naric), de información en el ámbito de la educación (Eurídice) y de intercambio de experiencia entre responsables del ámbito de la educación (Arión).

  • Leonardo Da Vinci, que facilita el acceso a la formación profesional a través de la mejora de los sistemas nacionales de formación profesional y fomenta la innovación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

  • La Juventud con Europa III, que fomenta la movilidad de los jóvenes desfavorecidos fuera de las estructuras educativas para que puedan acceder a iniciativas locales que completen su formación como ciudadanos.

Espacio de libertad, de seguridad y de justicia

Los avances realizados desde 1993 gracias a la cooperación en materia de justicia y asuntos de interior llevaron a la inclusión de objetivos más ambiciosos en el Tratado de Amsterdam. Con el fin de permitir una verdadera libre circulación de las personas en el territorio de la Unión Europea y para luchar de forma más eficaz contra la delincuencia organizada y el fraude, se ha decidido instituir un espacio de libertad, de seguridad y de justicia.

Antes, los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior (JAI) estaban regulados únicamente por las normas intergubernamentales del título VI del Tratado de la Unión Europea (tercer pilar). Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, estos ámbitos han quedado distribuidos entre el primer y el tercer pilar.

Dentro del primer pilar regido por el método comunitario, se ha añadido un nuevo título IV al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea ("Visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas"). Las materias incluidas en el nuevo título VI del Tratado de la Unión Europea se han visto reducidas, pero sus objetivos son más precisos: establecer una estrecha cooperación entre los servicios de policía, aduanas y administraciones de justicia.

Euroejército

El Euroejército fue creado con ocasión de la 59ª cumbre francoalemana de La Rochelle, los días 21 y 22 de mayo de 1992. Desde entonces, se han adherido al mismo otros tres Estados: Bélgica (25 de junio de 1993), España (10 de diciembre de 1993) y Luxemburgo (7 de mayo de 1996). Tiene unos efectivos de 50.000 hombres y es operativo desde el 30 de noviembre de 1995.  

El Euroejército forma parte de las fuerzas dependientes de la Unión Europea Occidental . Puede intervenir como tal en el marco de la UEO  o de la OTAN, y ser movilizado para misiones humanitarias, de evacuación de nacionales, operaciones de restablecimiento o de mantenimiento de la paz, bajo los auspicios de las Naciones Unidas o de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa).  

Europol (Oficina Europea de Policía)

La idea de una Oficina Europea de Policía se mencionó por primera vez en el Consejo Europeo de Luxemburgo (28 y 29 de junio de 1991). Se pensó entonces en la creación de un nuevo órgano que suministrase una estructura para desarrollar la cooperación policial entre los Estados miembros en los ámbitos de la prevención y de la lucha contra las formas graves de delincuencia internacional organizada, incluidos el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas. El convenio constitutivo de Europol se firmó en julio de 1995 y entró en vigor el 1 de octubre de 1998.