La Constitución Europea 


Aquí reproduzco un artículo de Fernando de Luis-Orueta, publicado el 29 de octubre del 2004 en EL PAÍS

Principales novedades del Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa:

Firma de la
Constitución Europea
en el Capitolio de Roma

Naturaleza

La Constitución no resuelve uno de los aspectos más controvertidos desde la creación de la primigenia Comunidad Económica Europea: su naturaleza jurídica. La Unión Europea es algo más que una mera organización internacional porque asume parcelas de soberanía de los países que la componen (algunas de sus normas son de aplicación directa, elimina las fronteras interiores, regula el comercio, gestiona la moneda que comparten la mayoría de sus miembros...), pero tampoco puede definirse como un Estado. El hecho de tener ahora una Carta Magna emborrona aún más la cuestión, porque añade la discusión sobre si en verdad es un texto constitucional o es un mero tratado internacional que se arroga un nombre que no le corresponde.

Simplificación de los Tratados

Una de las razones fundamentales para la redacción de la Carta Magna era acabar con la difícil comprensión del Tratado de la Unión Europea elaborado en Maastricht en 1992 sobre la base del texto que creaba la Comunidad Económica Europea. Este Tratado, a su vez, ha sido reformado en sucesivas cumbres (desde Ámsterdam hasta Niza) por lo que el articulado se ha ido haciendo cada vez más farragoso e inaccesible. El borrador definitivo, sin embargo, no ha logrado en conjunto la esperada simplificación.

Desaparición de la Comunidad Europea

El mayor paso adelante de la Constitución en el proceso de integración europea es que termina con la distinción entre Unión Europea y Comunidad Europea (CE). A partir de ahora, la UE asume la personalidad jurídica de la CE, la sustituye en todos sus compromisos y en sus obligaciones. En el terreno práctico, se traduce en que no sólo los asuntos económicos son competencia de las instituciones comunitarias: a partir de ahora también lo es la política de Justicia e Interior.

Presidente de la Unión

A pocos meses de la entrada de los diez nuevos miembros, la reforma de las instituciones comunitarias era indispensable para evitar su bloqueo. La principal novedad (amén de un nuevo reparto de votos en el Consejo de Ministros y una reducción en el número de miembros de la Comisión) radica en la nueva regulación del Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado o de Gobierno. La presidencia de esta institución pasa de ser semestral y rotatoria a elegir un presidente de la Unión que ocupará el cargo durante dos años y medio, renovable una sola vez. Será investido por mayoría cualificada y le corresponde la representación de la Unión en el exterior.

Ministro Europeo de Asuntos Exteriores

Con el nuevo texto, la política exterior y de seguridad común (PESC) se mantiene en un ámbito nebuloso de cooperación intergubernamental. La Constitución evita recogerla entre las competencias compartidas entre la UE y los Estados miembros y se limita a indicar que los países deberán apoyarla “activamente y sin reservas” por lo que “se abstendrán de toda acción contraria a los intereses de la Unión”. El cargo conocido hasta ahora como Mister PESC (ocupado en la actualidad por el español Javier Solana) se le rebautiza como ministro de Asuntos Exteriores, al que también encarga coordinar la política defensa.

Menos comisarios que países

Aunque los comisarios no representan a su país de origen, los socios europeos han mantenido una dura batalla por el nombramiento del Ejecutivo de la UE. Antes de la ampliación a 25, los países grandes (Francia, Alemania, Reino Unido e Italia) y España designaban dos miembros, mientras el resto de elegían a uno. En esta nueva legislatura, que en principio estará presidida por José Manuel Durão Barroso, habrá un comisario por país. Pero el borrador de la Constitución reduce drásticamente esa cifra: a partir de la segunda legislatura desde que el texto esté en vigor (previsiblemente, 2014), el número de integrantes del Ejecutivo será igual a dos tercios del número de Estados miembros. Es decir, si para entonces hubiera 28 países (los 25 de ahora más Bulgaria, Rumanía, Croacia y Turquía, todos en negociaciones de adhesión), habría 19 comisarios.

Más eurodiputados

La Constitución Europea eleva el número de escaños previsto en el Tratado de Niza: de un máximo de 736 diputados se pasa a 750. Además, se realiza un nuevo reparto que recorta presencia de los países grandes en la Cámara (Alemania, por ejemplo, pasa de 99 asientos a 96) y compensa a los países que pierden peso en otras instituciones (por ejemplo, España, que pasa).

Codecisión

El Parlamento Europeo aumenta su poder hasta el punto de que el texto indica literalmente que comparte el poder legislativo con el Consejo. Con el nuevo texto, el procedimiento normal es la codecisión, es decir, que la aprobación de una norma requiere el voto afirmativo de ambas instituciones.

Nuevo sistema de voto en el Consejo

La toma de decisiones en el Consejo de ministros, el gran órgano de dirección de la UE, se modifica de forma notable en la Carta Magna. Hasta ahora se producía con un sistema de ponderación corregido: a cada país le corresponde un número determinado de votos. Para que una decisión saliera adelante, no sólo era necesario sumar más a favor que en contra, sino que diez países se manifestaran favorablemente. La Constitución modifica este sistema: las decisiones se tomarán por el 55% de los Estados que representen al menos al 65% de los europeos además, será necesario que cuatro países se opongan para ejercer el bloqueo. Además, se ha establecido una mayoría supercualificada del 72% de los estados y 65% de la población para determinadas materias, interior, política exterior o política monetaria. Hasta ahora, estas cuestiones no eran competencia de las instituciones europeas, sino que se analizaban directamente en las cumbres de jefes de Gobierno donde las decisiones se adoptan por unanimidad. Asimismo se añade que la abstención, a diferencia de la situación actual, no se contabilizará como voto negativo respecto al total.

Reducción del veto

Tras muchos años de tira y afloja, el nuevo texto sigue sin eliminar definitivamente el derecho de veto. Aún así, la regla general es que las decisiones en el seno del Consejo de Ministros se tomarán por mayoría cualificada y no por unanimidad, salvo en casos excepcionales muy tasados: política exterior, defensa y fiscalidad. La desaparición del derecho de veto se revela, efectivamente, como la única fórmula que permitirá la toma de decisiones entre 25 miembros. Entre las cuestiones que pasan a requerir sólo mayoría absoluta figuran: asilo, la inmigración, colaboración judicial y policial, la libre circulación de trabajadores y las cuestiones de política exterior planteadas por el ministro europeo de Asuntos Exteriores.

Carta de Derechos

Una de las grandes diferencias de la Constitución con los Tratados anteriores es la incorporación de una lista de derechos fundamentales de los ciudadanos, tal y como haría la Carta Magna de un país. Entre ellos, figuran algunos de carácter económico como el derecho al trabajo, a la sindicación, la huelga y la protección por despido. Son los llamados derechos de tercera generación, que recogen las conquistas del Estado del bienestar y que las Constituciones más antiguas de Europa no incluyen.

Coordinación económica

El texto incorpora pocas novedades de abunden en la ambición integradora de las economías de la Unión. La inevitable división entre la zona euro y los países que no han adoptado la moneda única lastra ese proceso. Aún así, la Constitución señala que las políticas económicas deben estar coordinadas y basadas en la estabilidad de precios, en unas finanzas públicas saneadas y en el equilibrio de la balanza de pagos. Al Consejo le corresponde supervisarlo y hacer las advertencias y recomendaciones que estime oportunas.

Representación del euro

Los países miembros, la Comisión, la presidencia de la UE y el Banco Central mantienen desde hace años un contencioso sobre quién y cómo debe ejercer la representación de la UE ante las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el G8, sobre todo cuando se trata de asuntos monetarios. La Constitución desoye las sugerencias de la Comisión y da ocasión al Consejo de que tome “las medidas oportunas para contar con una representación única”. En cambio, los doce países que comparten moneda sí tendrán un Mister euro, elegido por mayoría para un mandato de dos años. El texto, sin embargo, no establece nada más sobre esta figura que, por tanto, deberá ser desarrollada posteriormente.