El
concepto de ciudadanía se ha convertido en uno de los términos clave del
debate político a partir de la década de 1990. Esta relevancia se debe
en gran medida a que es un concepto que se halla en plena evolución
debido a los grandes cambios económicos, sociales y políticos de fin de
siglo.
El concepto
clásico de Ciudadanía
Podemos
definir ciudadanía como un status jurídico y político mediante el cual
el ciudadano adquiere unos derechos como individuo (civiles, políticos,
sociales) y unos deberes (impuestos, tradicionalmente servicio militar,
fidelidad...) respecto a una colectividad política, además de la
facultad de actuar en la vida colectiva de un Estado. Esta facultad surge
del principio democrático de soberanía popular.
El
ciudadano (de España, Reino Unido, Francia, Estados Unidos...) dispone de
una serie de derechos, reconocidos en sus constituciones, pero además
tiene obligaciones con respecto a la colectividad (fiscales,
militares...). En un estado democrático, el ciudadano se ve obligado a
cumplir con esas obligaciones ya que son aprobadas por los representantes
que él ha elegido utilizando uno de sus principales derechos políticos
como ciudadano, el de sufragio.
La
condición de la ciudadanía está restringida a las personas que tienen
esa condición. Las personas que habitan en un territorio del que no son
ciudadanos están excluidos de los derechos y los deberes que comporta la
condición de ciudadano. Cada estado tiene unas normas que regulan la
manera por la cual un individuo adquiere la nacionalidad de ese estado, es
decir, la condición de ciudadano.
Esta
concepción de ciudadanía es la propia del período histórico iniciado
con las grandes revoluciones liberales de fines del siglo XVIII, y
caracterizado por la primacía del Estado-nación como colectividad
política que agrupa a los individuos. Esta ciudadanía equivale a
nacionalidad.
Los desafíos
al Estado-nación y a la ciudadanía que equivale a nacionalidad
El
concepto de ciudadanía desde la antigüedad clásica (Grecia, Roma) hasta
nuestros días ha ido evolucionando. En el siglo XXI veremos como la
ciudadanía se convierte en algo claramente diferente a lo que hoy
entendemos como tal.
Hoy,
aunque el Estado-nación sigue siendo el elemento clave del mapa político
mundial, se están produciendo cambios que suponen un claro desafío a
este tipo de organización política.
Dos
grandes transformaciones están cuestionando el Estado-nación
contemporáneo y el concepto de ciudadanía que viene a él unido:
-
Lo
que se ha venido a denominar "globalización", es decir, el
hecho de que las actividades económicas centrales y estratégicas
estén integradas a nivel mundial a través de redes electrónicas de
intercambio de capital, bienes, e información. Un elemento clave de
esta "globalización" es el desarrollo de la red de Internet
y de lo que se ha venido en denominar "la sociedad de la
información". Esta mundialización de la economía es la que ha
impulsado los últimos pasos decisivos en la integración europea,
esencialmente, la Unión monetaria y
económica aprobada en Maastricht. Los Estados-nación son cada
vez más incapaces para afrontar los retos de la globalización.
-
Aparición
de sociedades cada vez más multiculturales en las que se fragmenta la
teórica homogeneidad de los Estados-nación: la diversidad
regional o nacional (España, Bélgica, Reino Unido) y la
multiculturalidad y multietnicidad derivada de la creciente
inmigración son aspectos clave de esta creciente diferenciación de
las sociedades.
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La
Europa del futuro |
De
este contexto general y de los problemas concretos del proceso de
integración europeo nacerá la ciudadanía europea.
El
camino hacia la creación de la Ciudadanía Europea
El
derecho de libre circulación de las personas dentro del territorio de la
Comunidad fue introducido en el Tratado constitutivo de la C.E.E., firmado
en Roma en 1957. Esta libre circulación no aparecía ligada a ningún
concepto de ciudadanía sino que estaba estrechamente vinculada al
desempeño de una actividad económica (trabajo por cuenta ajena,
actividad independiente o prestación de servicios). Por consecuencia, el
derecho de residencia se reconoció a los trabajadores y sus familias, en
relación con el derecho a ejercer una actividad laboral en otro país
miembro de la CEE.
Aunque
en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en París en 1974
ya se ha planteó la necesidad de reconocer "derechos
especiales" a los nacionales de los estados miembros de la entonces
Comunidad Económica Europea, la
primera ocasión en la que podemos rastrear el propósito de trascender de
un mero mercado común con el objetivo de crear una comunidad de
ciudadanos lo encontramos en denominado Informe Tindemans en 1976.
Este
informe, redactado por el entonces primer ministro belga a instancias de
la Cumbre de París de
1974, tuvo escaso éxito entre los gobiernos, aunque tuvo una importante
influencia en posteriores pasos hacia la integración. En un capítulo,
titulado "La Europa de los Ciudadanos", Tindemans proponía,
además de una serie de actuaciones encaminadas a la mejor protección de
los derechos de los individuos, la aprobación de diversas medidas que
hicieran perceptible, mediante señales exteriores, el surgimiento de una
"conciencia europea": la unificación de pasaportes (hoy casi
una realidad), la desaparición de los controles de las fronteras, la
utilización indistinta de los beneficios de los sistemas de Seguridad
Social, la convalidación de los títulos y cursos académicos...
Un
segundo paso lo constituye la convocatoria, mediante Acta de 20 de
septiembre de 1976, de las primeras elecciones al Parlamento
Europeo por sufragio universal. Por muy limitados poderes que tenga
aún el Parlamento, por primera vez aparece uno de los elementos
esenciales de la ciudadanía: la participación democrática.
Posteriormente,
tras el Consejo Europeo,
celebrado en Fontainebleau (Francia) en 1984, se creó un Comité
"Europa de los Ciudadanos", presidido por el eurodiputado
italiano Adonnino, que aprobó una serie de propuestas tímidas en
relación a la constitución de una ciudadanía europea.
Más
atrevido fue el Proyecto de Tratado de Unión Europea, aprobado por el Parlamento
Europeo, en febrero de 1984, y presentado por el eurodiputado Altiero
Spinelli (Proyecto Spinelli). Su artículo 3º decía lo siguiente:
"Los
ciudadanos de los Estados miembros son, por dicho motivo, ciudadanos de
la Unión. (...) Los ciudadanos de la Unión participan en la vida
política de la misma bajo las formas previstas por el presente Tratado,
gozan de los derechos que les son reconocidos por el ordenamiento
jurídico de la Unión se amoldan a las normas de la misma".
Pese a
su moderación, el Acta Única Europea (1986) apenas recogió ninguna de
las propuestas del proyecto Spinelli, aunque estableció, y eso es
fundamental, el objetivo de la Unión política europea. Así, pocos años
después, se convocaron dos Conferencias
Intergubernamentales (CIG) para la reforma de los Tratados. Una de
ellas se centró en la Unión monetaria y
económica, la otra, exclusivamente en la Unión política.
El Consejo
Europeo de Roma, en octubre de 1990, al marcar las líneas directrices
de las CIGs, introdujo ya la noción de una Ciudadanía Europeo como un
elemento esencial de la reforma de los Tratados y con unas
características y derechos similares a los que posteriormente se
recogieron en el Tratado de la Unión Europea o de Maastricht.
Fue la
delegación española la que primero presentó a la CIG en octubre de 1990 un texto
articulado y motivado sobre la ciudadanía europea. Tras diversos
tiras y aflojas, con el apoyo claro y explícito del Parlamento
Europeo que aprobó dos resoluciones en 1991 en su favor, finalmente
el Tratado de la Unión Europea vino a institucionalizar la ciudadanía
europea.
