La llegada de la nueva dinastía borbónica propició
importantes cambios en la estructura del Estado. Estos cambios fueron
introducidos esencialmente durante el reinado de
Felipe V (1700-1746)
Medidas centralizadoras, con el objetivo de hacer un estado más eficaz.
En este sentido se adoptaron novedades importantes:
Decretos de Nueva Planta (1707 Aragón y Valencia,
1715 Mallorca, 1716 Cataluña): Abolición de los fueros e instituciones propias
de los reinos de la Corona de Aragón. Los fueros de las provincias vascas y
Navarra se mantuvieron ya que apoyaron a
Felipe V durante la Guerra de
Sucesión.
Nuevo modelo de administración territorial, basado
en la siguiente estructura: división del territorio en provincias;
sustitución de los Virreyes por los Capitanes Generales como
gobernadores políticos de las provincias; las Reales Audiencias se
mantienen para las cuestiones judiciales; y siguiendo el modelo francés, se
creó la figura de los Intendentes, funcionarios encargados de las
cuestiones económicas. Finalmente, en los Ayuntamientos se mantuvieron
los cargos de Corregidor, Alcalde Mayor y Síndicos personeros del común
(elegidos por el pueblo para su defensa)
Los Borbones también reformaron la administración
central consolidando el establecimiento de una plena monarquía absoluta.
Se suprimieron todos los Consejos, exceptuando el Consejo de Castilla
que se convirtió en el gran órgano asesor del rey. Se crearon las
Secretarías de Despacho (Estado, Guerra, Marina, Hacienda, Justicia e
Indias), antecedentes de los ministerios. En 1787 se establece la Junta
Suprema de Estado, antecedente del Consejo de Ministros.
La nueva dinastía intensificó la política regalista,
buscando la supremacía de la Corona, poder civil, sobre la
Iglesia. Las dos medidas principales fue el establecimiento de un mayor
control sobre la Inquisición y, sobre todo, la
expulsión de la Compañía de
Jesús adoptada por
Carlos III en 1767.
Hubo intentos no demasiado eficaces de reformar el sistema
de Hacienda. Se trató de unificar y racionalizar el sistema de
impuestos y, para ello, se llevó a cabo el
Catastro de Ensenada en 1749
en la Corona de Castilla. Este Catastro es un censo de todas las propiedades
del reino, muy útil para los historiadores. Se buscó también la unificación
monetaria, estableciéndose el Real de a dos.
