Los Reyes Católicos habían construido el nuevo
estado que se había estructurado como un conjunto de reinos unidos
por tener los mismos monarcas pero que mantuvieron sus propias leyes
e instituciones. Desde el siglo XVI se manifestaron conflictos entre
una tendencia centralizadora, que trataba de homogeneizar los
territorios de la Corona siguiendo el modelo de reino más poderoso,
Castilla, y una tendencia descentralizadora que buscaba
el mantenimiento de las las leyes (fueros) e
instituciones particulares de cada territorio.
A estas tensiones de tipo político se les vino a
unir en el siglo XVII las derivadas de la dura crisis económica y
social que sufrió la monarquía hispánica.
Felipe III continuó la política de intolerancia religiosa: en
1609
decretó la expulsión de los moriscos. Esta medida afectó
especialmente a los reinos de Aragón y Valencia y provocó el
despoblamiento de determinadas zonas y falta de mano de obra
agrícola.
El valido de Felipe IV, el
Conde-Duque de Olivares, trató de que los
demás reinos peninsulares colaboraran al mismo nivel que Castilla en
el esfuerzo bélico que agobiaba a una monarquía con graves
dificultades financieras. España participaba en esos momentos en la
guerra de los Treinta Años. Este proyecto de Olivares, conocido como
la
“Unión de Armas” desencadenó la crisis más grave del siglo XVII,
la crisis de 1640.
La
negativa a colaborar de las Cortes Catalanas
(1626 y 1632) no
impidió que Olivares decidiera llevar tropas para luchar contra
Francia a través del Principado. Muy pronto los roces de las tropas
castellanas e italianas con el campesinado alentó el descontento que
terminó por estallar en el Levantamiento del Corpus de Sangre, el 7
de junio de 1640.
La muerte del Virrey fue solo el inicio de una
guerra de Cataluña entre los rebeldes catalanes, dirigidos por la Generalitat con el apoyo de Luis XIII de Francia y las tropas de
Felipe IV. La guerra civil concluyó cuando Barcelona fue recuperada
por las tropas españolas en 1652.
Animadas por la rebelión catalana, los estamentos
dirigentes portugueses se lanzaron a la rebelión. Las Cortes
portuguesas proclamaron rey al duque de Braganza. Los rebeldes
fueron apoyados por Francia e Inglaterra, potencias interesadas en
debilitar a España. Finalmente,
Mariana de Austria, Madre-regente de Carlos II, acabó reconociendo
la independencia de Portugal en 1668.
En plena crisis de la monarquía, hubo levantamientos de tinte separatista en Andalucía,
Aragón y Nápoles.
Pese a ser aplastadas todas las rebeliones, excepto
la portuguesa,
Felipe IV mantuvo los fueros de los diversos reinos.
